Por Mariana Carbajal –
El Consejo de la Magistratura de la Nación tratará hoy en un plenario extraordinario por el Día Internacional de la Mujer, dos propuestas que apuntan a dar señales a la sociedad de un compromiso en la prevención de los femicidios, en momentos en que crece la indignación social frente a la inacción de la justicia para prevenirlos. Se votará la creación de un Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en la actuación de casos de violencia de género, y la realización de una auditoría en los juzgados –nacionales y federales– para monitorear las respuestas que se brindaron a las denuncias que involucran hechos de violencia de género y si jueces y funcionarixs que tratan esos casos han hecho la capacitación prevista en la Ley Micaela y otros cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus labores. El tratamiento de las dos iniciativas se da tres semanas después de manifestaciones frente a los tribunales en todo el país contra “la justicia patriarcal” luego del femicidio anunciado de la adolescente Ursula Bahillo, y en el marco de un nuevo Paro Internacional Feminista, convocado este 8M con un llamado de una amplia articulación de organizaciones de mujeres y disidencias, sindicales –todas las centrales obreras–, políticas y sociales, a concentrar a las 17 frente al Congreso, para reclamar “contra las violencias machistas” y por “una reforma judicial feminista”, “paridad en la Justicia”, y “aplicación efectiva de la Ley Micaela en el Poder Judicial”, entre otras demandas.
El plenario extraordinario está convocado para las 11.30 y se podrá seguir por el canal de youtube del Consejo de la Magistratura. La creación del Registro Público de denuncias contra jueces y juezas llega con dictamen con apoyo unánime de las comisiones de Reglamento, que encabeza la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, y de Disciplina y Acusación, presidida por el juez Ricardo Recondo. “Teníamos algunas resistencias pero le dio mucha fuerza para que podiéramos avanzar con este proyecto el reclamo que surgió a partir del femicidio de Ursula Bahillo”, contó la diputada. El dictamen se votó el último miércoles. Una de las principales convocatorias del jueves 17 de febrero, tres días después del asesinato de la adolescente a manos de su ex novio Matías Bautista Martínez, un ex policía con carpeta psiquiátrica y denuncias anteriores de parte de otras ex parejas, fue frente al Palacio de Tribunales.
“Queremos que los poderes judiciales de las provincias también tengan un registro similar”, señaló Siley a Página/12. El dictamen incluye además un artículo por el cual se autoriza al presidente del cuerpo, Diego Molea, a suscribir convenios con los consejos de la Magistratura de cada jurisdicción provincial y los órganos correspondientes con potestad disciplinaria para avanzar en ese sentido.
“Todavía queda mucho para hacer en la Justicia porque hay resabios de machismo, porque hay resabios de Justicia patriarcal. Tenemos una tarea enorme por delante en la cuestión de género. Van a encontrar en mí un trabajador permanente para continuar en este camino que venimos recorriendo aunque sin dudas queda mucha tarea por hacer”, dijo Molea. El presidente del Consejo de la Magistratura es el impulsor de la resolución que propone realizar una amplia auditoria para ver qué respuestas han recibido en los tribunales de la justicia nacional las denuncias que involucran situaciones de violencia de género.
Junto con la creación del “Registro Público de denuncias presentadas contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género” en el área del Plenario del Consejo de la Magistratura, se votará cómo anexo un protocolo que establece cómo se cargarán los datos. El proyecto de resolución dice que el mismo plenario deberá definir “en un plazo de 30 días corridos desde su creación” la forma en que se hará operativa la publicidad del Registro.
En el Registro se incluirán los nombres de las y los magistrados denunciados por:
* Vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios. Por ejemplo, cuando una víctima es sometida a preguntas sexistas o se la investiga a ella en lugar de al agresor.
* Inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales.
* Obstaculización mediante retardo o impedimento en el acceso a la justicia.
“Es una de las medidas más concretas que se promueve desde el Consejo de la Magistratura con respecto a la perspectiva de género en la Justicia”, consideró Siley. “Es un avance en transparencia y en publicidad de los actos que involucran a funcionarios públicos. El anonimato atenta contra la condición de rendición de cuentas a la sociedad”, agregó en diálogo con este diario.
La creación del Registro responde a uno de los compromisos asumidos por el Estado argentino en un acuerdo de solución amistosa firmado con una sobreviviente de un intento de femicidio, Olga del Rosario Díaz, en el marco de una denuncia presentada por la Defensoría General de la Nación ante el Comité que monitorea la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés). El acta acuerdo se firmó el 23 de octubre de 2019 y en agosto se aprobó mediante el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679/2020. Tal como contó oportunamente Página/12, Olga fue atacada por su ex pareja el 24 de marzo de 2017, y aunque había hecho una denuncia poco antes por violencia de género, –al igual que Ursula Bahillo, en el partido bonaerense de Rojas, y Guadalupe Curual, la joven asesinada en Villa La Angostura–, al momento de la agresión que casi le cuesta la vida no contaba con ninguna medida de protección. La mujer se salvó de milagro. Estuvo 45 días en terapia intensiva y tuvo varios meses de rehabilitación.
Una auditoría sobre las causas de violencia de género
La propuesta de Molea, que se votará hoy, apunta a que en el plan de auditoría que implemente el Consejo de la Magistratura se recabe información desde 2018 hasta la actualidad sobre las causas vinculadas a la violencia de género. Además, se quiere saber si magistradxs y funcionarixs que tratan estos casos han realizado la capacitación prevista en la Ley Micaela y cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus tareas. Molea propone que se respondan múltiples preguntas sobre el tratamiento que recibieron las denunciantes y qué medidas se implementaron desde la justicia. Entre otra información, propone que se conozca la cantidad de expedientes que se abrieron en los últimos tres años, cuántos están en curso, el estado procesal, el fuero en el que tramitan, los juzgados intervinientes, los delitos investigados, por dónde ingresaron (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, comisarías, juzgados de turno); si se brinda información a las víctimas sobre sus derechos y los servicios asistenciales disponibles; si se realiza una certificación de la existencia de causas penales que involucren al mismo imputado o a la misma víctima; si esa certificación incluye los expedientes que hubieran concluido; si se requieren medidas urgentes, en qué tiempo se dictaron; cómo se cursan las notificaciones al agresor; si se controla su cumplimiento y de qué modo. En relación al testimonio de la víctima: ¿Qué recaudos se adoptan? ¿En qué lugar físico se toman las audiencias? ¿Cuántas veces han declarado las víctimas en los expedientes?, entre otras preguntas.
El techo de cristal
En 2019, el Consejo de la Magistratura aprobó una serie de reformas en los concursos para promover la incorporación de mujeres como juezas y camaristas y la perspectiva de género en la Justicia. Sin embargo, la exigencia de que quienes se presenten a concursos tengan capacitación de ese tipo recién entrará en vigencia en octubre de 2022 porque el mismo cuerpo aprobó una cláusula transitoria que postergó por 36 meses la entrada de ese requisito.
Una investigación que se presenta este lunes, sobre los concursos para ocupar cargos en la Defensoría General de la Nación, revela que ocho de cada diez ternas enviadas incluyeron mujeres, pero éstas solo fueron designadas el 33 por ciento de las veces. Las mujeres fueron nombradas en más oportunidades en el fuero ordinario (42%), especialmente en las defensorías de menores e incapaces. Por el contrario, tienen más dificultades para acceder a puestos federales (30% de mujeres designadas) o de la DGN (27% de designaciones). El estudio fue realizado por la Comisión de Temáticas de Género de la DGN, que encabeza Raquel Asencio.
Queda en evidencia que las reformas en los reglamentos de los concursos no han logrado romper con el techo de cristal que enfrentan las mujeres en la Justicia ni con el piso pegajoso (se quedan con los cargos de menor jerarquía). El Mapa de Género de la Justicia Argentina muestra que todavía son minoría en los cargos máximos. Mientras que ellas son mayoría en el funcionariado, tienen la mitad de probabilidades de ser nombradas magistradas con respecto a sus pares varones, de acuerdo a los datos que publicó este fin de semana la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El documento releva la distribución entre varones y mujeres de la totalidad de los cargos del sistema de justicia de nuestro país en 2020 y su evolución durante los últimos 10 años. Se anunció que para las próximas ediciones se incorporará como categoría a medir las disidencias sexo-genéricas.
Al igual que en todos los años anteriores, se observa que si bien en 2020 el sistema de justicia estuvo conformado mayoritariamente por mujeres (56 por ciento), su participación disminuye en las posiciones superiores: las mujeres ocupan solo el 31 por ciento de los cargos máximos y el 44 por ciento de quienes accedieron a un puesto de magistratura, procurador/a, fiscal o defensor/a. Esta última proporción aumentó apenas 5 puntos porcentuales en los últimos 10 años: pasó de 39 por ciento en 2011 a 44 por ciento en 2020, sin alcanzar aún la paridad de género. Por el contrario, para 2020 las mujeres fueron mayoría en el funcionariado y en el personal administrativo (61 % y 60 %, respectivamente).
Estos porcentajes dan cuenta de que el “techo de cristal” aparece para las mujeres cuando concursan para acceder a la magistratura, y más aún, para acceder al nivel máximo de autoridad. Aunque no es un requisito ser funcionario/a del Poder Judicial para acceder a los últimos rangos, a modo de ejercicio, se observa que, dentro del Poder Judicial, los funcionarios varones tuvieron el doble de probabilidades de ser magistrados/as, procuradores/as, fiscales o defensores/as, y 3,5 veces más de ser autoridades máximas, que sus pares mujeres en el sistema de justicia argentino en 2020, señala el relevamiento.
La tendencia descripta es más pronunciada aún en la Justicia Nacional y Federal, donde la proporción de mujeres camaristas en 2020 alcanzaba solo un 25 por ciento, lo que significa que, por cada mujer camarista, hubo tres varones con ese cargo. A su vez, el porcentaje de magistradas fue de 30 por ciento, la misma proporción desde hace 10 años.
Al analizar la distribución de las mujeres por fuero y materia, se observa que la segregación no es solo vertical, sino también horizontal: los varones tienden a concentrarse en los fueros penal, penal económico y en la Cámara Nacional Electoral, es decir, las materias con mayor poder político y vinculadas con lo público, mientras que las mujeres tienen mayor presencia a nivel de la magistratura en las temáticas más vinculadas con el cuidado (seguridad social, trabajo y derecho civil).
En los Poderes Judiciales provinciales, se repiten el esquema: en total, las mujeres representan el 58 por ciento, en la base de la pirámide el 64 por ciento, en los cargos de magistratura 44 por ciento y en los de máxima autoridad, 34 por ciento. En una década, la participación de mujeres a nivel de la magistratura, pasó de 39 % en 2011 a 44 % en 2020.
¿Qué pasa en los consejos de la Magistratura provinciales y de la Nación? En 2020 tuvieron 206 consejeros y consejeras, de los cuales 73 (35 %) fueron mujeres y 133 (65 %) varones.
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