Por Marcelo Colombres –
La política de tasas, recargos y comisiones que cobra el Fondo Monetario Internacional también se coló en las reuniones que está teniendo el presidente Alberto Fernández en su gira por Europa. El tema sigue siendo puesto en la mesa de discusión por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que ya había advertido sobre su importancia en varios foros internacionales.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tomó nota de ese pedido. “Trabajamos por revisar el mecanismo de sobretasas que tiene el FMI y que está evidentemente dañando las posibilidades económicas y financieras de Argentina”, dijo Sánchez a la salida de la reunión del martes.
En la escala previa, en Lisboa, Guzmán también había planteado públicamente el tema. “Portugal padeció entre 2011 y 2018 el problema de los altos sobrecargos de interés que cobra el FMI. Es el mismo problema que sufre Argentina hoy, por el préstamo récord que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio en 2018”, dijo el ministro.
Aunque puede parecer una cuestión menor en comparación con la refinanciación de los U$S 44 mil millones a devolver al FMI, lo cierto es que esas sobretasas complican las cuentas externas del país. Sobre todo en épocas de pandemia y economía deprimida, en la que cada moneda disponible cuenta. Según las estimaciones de la Secretaría de Finanzas, durante este año los intereses de ese préstamo alcanzan los U$S 1.371 millones (de los cuales ya se abonaron dos cuotas por U$S 618 millones) y en 2022 habrá que desembolsar U$S 1.273 millones más por el mismo concepto.
Una parte de ese número incluye la tasa de interés que cobra el organismo, que es de 1% anual más un plus variable según la situación del mercado. Si el crédito pendiente de devolución supera el 187% de la cuota máxima a la que puede acceder cada país (y que está relacionada con el capital aportado al organismo), hay un recargo de 2% anual. Ese extra trepa al 3% después de los tres años. Además, hay una comisión de otorgamiento fija de 0,5% y otra de entre 0,15% y 0,6%, dependiendo de la magnitud del préstamo. Como referencia, el stand by otorgado a Argentina equivale al 1277% de su cuota disponible, lo que obliga al país a pagar siempre el máximo de esas escalas.
Según las estimaciones del Palacio de Hacienda, estos sobrecargos equivalen a unos U$S 900 millones por año, que el gobierno podría ahorrar si estas cuestiones administrativas se revirtieran. Es un factor que puede cambiar el flujo de divisas requerido para los próximos años, si es que las cancelaciones de capital (que deberían comenzar en septiembre) logran ser postergadas.
Guzmán había planteado el tema en abril, durante las conferencias virtuales que se realizaron en las Reuniones de Primavera de la entidad. En esa ocasión reclamó la “suspensión de los recargos de tasa de interés en los programas de préstamos del FMI, que ayudaría a los países en dificultades, como también un mecanismo que priorice a los países de menores recursos en la asignación de DEG (Derechos Especiales de Giro) que se analiza para el segundo semestre de este año. “Los países de ingresos medios no cuentan con los instrumentos que tienen las economías avanzadas”, insistió. Por ahora, no tuvo respuesta.
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