De la Redacción de Contrapoder –
El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín condenó a prisión perpetua por homicidio con alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados a cinco de los seis acusados por delitos de lesa humanidad en el juicio de la causa denominada “Contraofensiva Montonera”.
Tras desestimar los planteos de nulidad de las defensas, el Tribunal, integrado por los magistrados Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Morgese, determinó que los delitos analizados eran de lesa humanidad y se procedió a la lectura del veredicto a través de dispositivos electrónicos.
El juez Rodríguez Eggers, presidente del TOF 4, fue el encargado de leer las condenas para Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia; Juan Firpo, ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601; Jorge Bano, quien integró la Sección Operaciones Especiales (SOE) de la guarnición de Campo de Mayo; Eduardo Ascheri, también integrante de la SOE de Campo de Mayo; Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.
Los jueces determinaron además que los cinco condenados, alguno de los cuales se encontraban bajo arresto domiciliario, sean enviados a prisión común, después de que se verificara el estado de salud de cada uno de los acusados.
En tanto, y en función de un pedido formulado por el abogado defensor Hernán Corogliano antes de la lectura del fallo, los jueces dispusieron que Jorge Apa, quien se desempeñó como jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista”, dependiente la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, sea analizado por una junta médica para establecer si está “en condiciones de comprender” los delitos por los cuales resultó juzgado.
De esta forma, se deberá resolver en el plazo de diez días hábiles, si Apa, condenado por delitos de lesa humanidad en otra causa, puede escuchar o no la sentencia del Tribunal.
Los imputados recibieron condenas por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 94 víctimas, cometidos por el aparato de inteligencia del Ejército que utilizó como base el predio militar de Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino de detención ilegal.
Los crímenes se perpetraron además en otros países, como Perú, España, Brasil y Bolivia, donde las estructuras de la inteligencia militar persiguieron a las víctimas con la información que habían obtenido en base a las torturas aplicadas a los cautivos.
La audiencia de comenzó a las 9.30, y por las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus fue presenciada por 21 personas de forma presencial, divididas en tres grupos de siete.
Un grupo estuvo en la sala con los magistrados y funcionarios judiciales, otro permaneció en un lugar acondicionado y otros, mayormente familiares, asistieron al veredicto en la cochera del Tribunal.
El resto de los familiares de las víctimas siguieron las alternativas de esta audiencia por el canal de Youtube del sitio de comunicación popular de “La Retaguardia”, que transmitió en vivo buena parte de las alternativas de este prolongado proceso oral y público que se extendió por más de dos años.
El debate de esta causa constó de más de 78 audiencias y se escucharon más de 250 testimonios por parte de víctimas, familiares y testigos de contexto, y se reanudó por medios virtuales a mediados de 2020.
Entre los familiares que asistieron a este veredicto por vía virtual se pudo ver a la titular de la Anses, María Fernanda Raverta, Ana Testa, María Luján Mazzuchelli, Silvia Salamone, Nana María Lazaruni y Edgardo Binstock, entre otros.
Muchos de los querellantes exhibieron desde los lugares en los cuales presenciaron la audiencia una rosa roja de fantasía en sus ojales, el símbolo que usó la querella para homenajear a las víctimas.
Esas rosas rojas fueron tejidas por Irma Ortocani, de 93 años, la madre de Susana Brardinelli, compañera del exdiputado Armando Daniel Croatto, dos víctimas de la represión ilegal que se analizó en esta causa.
Armando Daniel y Susana son los padres de Virginia Croatto, querellante en esta causa y realizadora del documental “la Guarderìa Montonera”, que relata la vida de un grupo de hijos de montoneros desaparecidos que se criaron en Cuba.
Mientras se leían las sentencias, los acusados siguieron las alternativas desde sus domicilios y lugares de detención con rostros pétreos y lucieron expresiones de desagrado, sobre todo cuando conocieron la decisión del Tribunal de enviarlos a la cárcel común.
En esta causa se analizaron los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal contra los militantes de la organización Montoneros que participaron de la denominada contraofensiva.
Se trató de una acción emprendida entre 1979 y 1980 por grupos de integrantes de Montoneros que decidieron volver al país desde el exilio para luchar contra la última dictadura militar.
La “Contraofensiva, decidida por la conducción de la organización concluyó en un fracaso, y las personas que participaron de esta operación resultaron capturados, desaparecidos o muertos por la estructura de la inteligencia del Ejército que se desplegó en varios países.
En su alegato, Sosti describió el plan criminal seguido por la inteligencia militar, y afirmó que “la tortura sistemática le proporcionó a los acusados nuevos blancos para secuestrar”.
En ese sentido la fiscal resaltó, con cita de testimonios de víctimas y de documentos castrenses, la importancia que tuvo el aparato de inteligencia en la ejecución de los delitos.
Los imputados Ricardo Pianta, Carlos Carpani Costa, Raúl Pascual Muñoz, Carlos Blas Casuccio y Alberto Sotomayor, murieron durante el proceso oral y público y murieron impunes.
Al finalizar la audiencia, los familiares de las víctimas y los querellantes, festejaron la sentencia en el canal de Youtube de “La Retaguardia”, y otro grupo ganó las calles para celebrar con cantos alusivos a la lucha que durante años llevaron a cabo los organismos de derechos humanos que enfrentaron al terrorismo de Estado.
Fuente Télam
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