Por Ezequiel Orlando –
El préstamo que el FMI le dio a Mauricio Macri en 2018 representa el mayor en la historia del organismo. Sin embargo, fracasó en todos sus objetivos centrales y también violó los fines fundamentales del Fondo. Por lo tanto, un análisis jurídico internacional aseguró que debería considerarse nulo. Esta presión le es útil al ministro de Economía, Martín Guzmán, en su pulseada contra el ajuste tutelado que Kristalina Georgieva intenta imponer.
Así coinciden los académicos Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh en una reciente investigación, donde plantearon que el acuerdo con Macri constituye un acto ultra vires. Este es el principio jurídico internacional que considera inválidos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley.
La autora principal, además de profesora e investigadora, tiene un doctorado en reestructuraciones de deuda en la Universidad de Durham. Marsh, economista, fue funcionario del FMI y actualmente trabaja en una consultora internacional de análisis macroeconómicos y de mercado.
En primer lugar, los investigadores consideran que no se cumplieron los “requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional” del Fondo, de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina.
Además, el ente multilateral no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales. Esto quiere decir que el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un “agujero negro” contable de al menos 20.000 millones de dólares. Todo ello hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir.
“El análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente”, calificaron. Por todo esto, concluyeron que era “razonablemente previsible” que el diseño del programa diera lugar a una ampliación de la duración y del grado del desequilibrio de la balanza de pagos de Argentina “debido a la falta de pedidos de controles de capitales, que el Fondo estaba legalmente obligado a solicitar”.
Los analistas observaron que había supuestos ridículos sobre las entradas de capital durante el programa, plagados de incoherencias internas. Esto incluía la confianza en entradas de capital financiero por casi 80.000 millones de dólares.
“En suma, el programa debería considerarse nulo”, atribuyeron al corolario. Dado que Argentina no tiene los recursos para repagar el programa, plantearon que debería haber un período (quizás mayor a 10 años) durante el cual se le debería permitir recuperarse. Esto significa en la práctica establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha, propusieron los investigadores.
Disconformidad interna
Dentro del Frente de Todos también hay fuerzas que piden cesar los pagos al Fondo. Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y director del Banco Nación, junto al abogado Jonatan Baldiviezo, el acompañamiento de movimiento de derechos humanos y de la CTA Autónoma presentaron en diciembre una medida cautelar en la justicia penal para suspender los abonos de las cuotas.
Esto lo solicitaron hasta que el Congreso Nacional analice la legalidad y constitucionalidad del endeudamiento de Cambiemos y trate nuevos acuerdos con el FMI. “Los préstamos con el FMI realizados en 2018, que implicaron el mayor endeudamiento de la historia de la Argentina, no contó con la participación de la ciudadanía en la dirección de los asuntos público de forma directa ni por medio de los representantes libremente elegidos”, declaró Lozano. El parlamento no tuvo ninguna intervención, lo que constituye una violación de los artículos 4, 75 (incisos 4 y 7) y 76 de la Constitución Nacional y de numerosas leyes.
Un monto similar a la totalidad de los desembolsos efectuados por el FMI fue utilizado, conjuntamente con el resto del endeudamiento tomado, para la fuga. Esto sin que el macrismo tome medidas tendientes a impedir o siquiera limitarlo hasta septiembre de 2019.
El actual gobierno, a través de los organismos de control como la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Procuración General del Tesoro manifestaron la inconstitucionalidad del acuerdo con el FMI por no haber contado con la aprobación del Congreso. No obstante, Lozano critica que se busque cerrar un nuevo contrato, ya que convalidará lo realizado por la gestión anterior sin antes explicitar la inconstitucionalidad y nulidad previa de la rúbrica en 2018.
El funcionario pretende que el Congreso, el máximo órgano democrático del país, cuente con toda la información disponible para evaluar y considerar el nuevo acuerdo. Además, manifestar allí la legalidad y constitucionalidad del endeudamiento con el Fondo a partir del préstamo con Macri.
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