Por Raúl Kollmann –
El juicio sobre las rutas de Santa Cruz continuó este martes con la segunda jornada del alegato del fiscal Diego Luciani. Resulta asombroso que el representante del ministerio público no haga ninguna referencia a lo ocurrido durante los tres años del juicio. Por ejemplo, en la continuidad de su exposición hizo centro en que las licitaciones que ganaron las empresas de Lázaro Báez fueron “meras ficciones”, “puestas en escena”, según dijo, pero a lo largo de las audiencias, nada de eso se probó. Todo lo contrario: pasaron empresarios de la construcción y funcionarios de todos los niveles de los sucesivos gobiernos y no hubo ni uno solo que aportara un elemento para sostener que las licitaciones fueron truchas.
Hasta los testigos de la fiscalía desmintieron las hipótesis de la acusación. Ninguna de las empresas -algunas grandes e internacionales- cuestionaron las licitaciones ni tampoco se presentaron a la justicia, como suelen hacerlo. Alguien podría alegar que ese comportamiento fue por la existencia de una cartelización. En verdad, Báez era un enemigo de las constructoras y no integraba la Cámara de la Construcción. Pero tampoco es que Luciani presentó ninguna prueba de la cartelización y menos aún imputó a las demás empresas por haber -supuestamente- sido partícipes de un delito.
La realidad es que Báez ganó licitaciones por presentar las ofertas más bajas debido a que no tenía que transportar ni personal ni maquinarias a 2.800 kilómetros. Ese fenómeno de regionalización de la obra pública se dio en todo el país: tienden a ganar licitaciones las grandes constructoras de cada zona. Tienen los trabajadores que viven allí, la maquinaria en la zona, los mecánicos, los repuestos en caso de rotura, el know-how geográfico y climatológico. Vialidad Nacional, en su momento, presentó un cuadro en el que se demostraba una concentración muy pareja en casi todo el territorio nacional. Eso explica también por qué las empresas de Báez no ganaron ni una licitación fuera de Santa Cruz y perdieron el concurso de mayor envergadura en su propia provincia, la de las centrales Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. En esa licitación -curiosamente- Báez fue aliado a Angelo Calcaterra, del grupo Macri.
En la cuestión en que sí hizo una comparación con otros distritos, Luciani mencionó que sólo en Santa Cruz hubo 84 convenios entre la Nación y la provincia para que ésta licitara, adjudicara y controlara las obras. Dedujo de eso que fue una maniobra para que las autoridades nacionales -Cristina Kirchner, Julio De Vido- no tengan responsabilidad penal en lo que se estuvo haciendo y que eso explica que no hubiera tantos convenios con otras provincias. Nuevamente, omitió lo expuesto en el juicio. En total, durante el gobierno de Cristina hubo 900 convenios, de los cuales 455 se hicieron con la Provincia de Buenos Aires. Y un dato notable es que uno de los convenios fue suscripto por Néstor Kirchner, pero no como presidente sino como gobernador. Fue con Carlos Menem. Es que el gobierno nacional no ponía fondos para rutas y entonces Kirchner propuso firmar el convenio en el cual la provincia de Santa Cruz adelantó los fondos y la Nación debía devolverlos en algún momento.
El fiscal Luciani juega para la tribuna, aprovechando que quienes están viendo el alegato por las redes sociales no presenciaron las audiencias y sólo tienen la óptica instalada por los grandes medios alineados con el macrismo. Entonces realiza ampulosas afirmaciones, pero no puede referenciarlas en algo que haya dicho un testigo en los tres años de audiencias. Es como si no hubiera habido juicio hasta ahora. Precisamente oculta que en el juicio se fue diciendo casi todo lo contrario.
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