La sala II de la Cámara de Casación Penal, compuesta por Carlos Mahiques, Alejandro Slokar y Angela Ledesma, rechazó ese beneficio para Alfredo Astiz y otros miembros del grupo de tareas de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Con un sí de los jueces, Astiz y los demás oficiales hubieran quedado en libertad.
Los jueces también le negaron el dos por uno tampoco a Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Miguel Donda, Ernesto Weber, Juan Carlos Fotea, Carlos Capdevilla y Juan Azic. Votaron en contra los tres integrantes de la Sala.
Alejandro Slokar dijo en su voto que los crímenes de lesa humanidad son “imprescriptibles” y no pueden ser “pasibles de indulto ni amnistía”. En la misma línea, según Slokar “tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos 20 años a partir de la incorporación de los tratados de derechos humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía pero concluyente”.
Las presentaciones de los represores se hicieron más intensas tras el polémico fallo de la Corte Suprema de principios de mayo, que concedió el dos por uno a un torturador que empalaba prisioneros. Votaron por la libertad de Luis Muiña los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda lo hicieron en disidencia.
Tras ese fallo la ola de indignación fue tan potente que generó una marcha multitudinaria a la Plaza de Mayo y solo una semana después, una ley del Congreso contra el dos por uno.
Astiz está detenido desde el 16 de septiembre de 2003. Su pena vencerá el 7 de abril de 2028. La libertad condicional sería una opción recién el 7 de abril de 2023.
Hasta el fiscal general Raúl Pleé dictaminó antes del fallo de Casación que “en casos como el presente, donde se juzgan crímenes contra la humanidad, existe el deber irrenunciable del Estado de evitar situaciones jurídicas que se traduzcan en supuestos de impunidad”. Para el fiscal, la aplicación del dos por uno en este caso “contraría las exigencias que rigen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de sancionar adecuadamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad y frustra el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir”.
Carlos Mahiques, un juez intimamente ligado al macrismo también votó en contra del dos por uno. En su voto desarmó el argumento de la defensa al replicar que “mientras regía el dos por uno, vigente desde el 22 de noviembre de 1994 hasta el 30 de mayo de 2001, los actuales condenados no estaban sometidos a proceso”. Por su parte, La jueza Angela Ledesma dijo que “corresponde remitir las actuaciones a su procedencia”.
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